“La madre de todas las batallas”, se le escucha decir a la gente del gobierno argentino en referencia al proyecto de ley de radiodifusión que actualmente promueve el oficialismo. No es el hambre, el conflicto agrario, el aumento de la pobreza, la crisis mundial, la corrupción escandalosa o la debilidad de nuestras instituciones democráticas lo que acecha en sus mentes. Ninguno de estos tópicos es para el gobierno “la madre de todas las batallas”. Muy al contrario, prácticamente no los mencionan. En este momento, aquí y ahora, la madre de todas las batallas, para el oficialismo, es su ley de radiodifusión.

Si uno analiza la ley en detalle, puede darse cuenta de la razón por la cual el gobierno está de repente tan ansioso por sancionar, pasados más de cinco años desde que llegó al poder, una nueva ley de radiodifusión.

No es para luchar contra Clarín o los monopolios, como dicen algunos. De hecho, fue el oficialismo el que les dio la orden a sus funcionarios y legisladores de aprobar la última fusión del Grupo Clarín, que lo colocó en el mercado en una posición bastante más dominante de la que tenía anteriormente. Resulta claro, entonces, que la intención del gobierno nunca fue terminar con la posición dominante de Clarín ni desconcentrar el mercado de medios.

Lo que desea el gobierno, en un momento en que parece estar encaminado hacia una derrota legislativa, es asegurarle un poder sorprendente y perdurable en materia de información a sus ya acaudalados socios económicos, como el millonario empresario de medios Rudy Ulloa, otrora chofer de Néstor Kirchner en Santa Cruz, o el poderosísimo Moyano, favorecido por el gobierno con subsidios, reglamentaciones y ahora también quizás con la destitución de Graciela Ocaña, ministra de Salud proveniente del ARI, que había empezado a investigar la malversación de fondos de obras sociales por parte de los sindicatos monopólicos y verticalistas que tenemos.

Cabe preguntarse por qué el proyecto del gobierno recibió un “no” tan rotundo de parte de toda la oposición, que desde hace mucho reclama una reforma en esta materia y que no puede estar percibiendo ningún rédito político al oponerse tan duramente en un momento de fortaleza, quedando como la “oposición automática” por la cual la quiere hacer pasar el oficialismo.

La respuesta está en que, lejos de favorecer la desconcentración y la pluralidad en el mercado de medios, el actual proyecto del oficialismo habilita a sectores monopólicos, con rentas extraordinarias generadas a su favor por acción del gobierno, a entrar en el mercado y ocupar espacios importantes que quedarían libres luego de la desinversión a la cual serían obligadas algunas de las empresas de medios actuales. Además de los sindicatos y los testaferros como Rudy Ulloa, obtendrían acceso al mercado de medios las poderosas y concentradas telefónicas y los contratistas del Estado.

Pero eso no es todo

El proyecto del gobierno disminuye el período de duración de una licencia de 15 a 10 años (en España acaba de subirse a 15), convierte a la TV paga en “servicio de interés público”, lo que le conferiría al Estado el poder de intervenir en sus contenidos, y prevé que cada dos años la autoridad de aplicación revise las reglas establecidas para la concesión de licencias, “con el objeto de resguardar la competencia y el interés público”, lo que en la práctica significaría que el Poder Ejecutivo asumiría una atribución parlamentaria con un fuerte contenido de discrecionalidad y capacidad de extorsión, en una materia tan sensible para la democracia como lo es el acceso a la información. De hecho, para el especialista Gabriel Bouzat, la iniciativa da “mucha discrecionalidad” a la autoridad de aplicación.

No es la primera vez que el gobierno accede a reformar leyes que muchos desean que sean reformadas, abusando de la ingenuidad de muchos intelectuales, mientras agrega a la reforma puntos cruciales que la desvirtúan y le conceden al gobierno de turno un poder excesivo y discrecional, haciendo retroceder la democracia y los derechos y garantías del pueblo. Para reducir la burocracia tuvieron que aumentar la injerencia del Ejecutivo en la Justicia, para captar una supuesta renta extraordinaria tuvieron que castigar con la misma fuerza a pequeños y grandes productores, y ahora, para desconcentrar el mercado de medios, les abren las puertas para avanzar sobre los mismos a sectores concentrados y afines de la economía.

En la historia de la humanidad, cuando los gobiernos quisieron perpetuarse en el poder a pesar de un creciente descontento popular, no hicieron más que intervenir, monopolizar y manipular la información, alentando la desconfianza, disminuyendo la capacidad de la gente para cooperar y organizarse y dificultando enormemente la tarea de los políticos opositores y las instituciones intermedias. En todos los casos el resultado fue una mayor violencia, mayor pobreza y menor democracia.

Si el actual proyecto de ley de radiodifusión del oficialismo es aprobado, y si el gobierno llegara a salir relativamente fortalecido de las próximas elecciones legislativas, creo que los partidos opositores deberán preguntarse qué hacen que no están unidos, la sociedad deberá asumir el sacrificio que implica la democracia y los estudiantes deberemos plantearnos, quizás, la posibilidad de organizarnos y movilizarnos libre y democráticamente, por fuera de las estructuras estatales y partidarias, para levantar una voz espontánea, directa y esperanzadora en defensa de los derechos humanos y de la democracia, como lo han hecho y lo están haciendo tan brillantemente los estudiantes venezolanos.

(*) Rafael Eduardo Micheletti / Secretario de Organización del CEIN: www.cein.org.ar. / Estudiante de Derecho en la UNR / Tel: (0341) 156-916835 / Blog: www.rafamicheletti.blogspot.com / E-mail: rafamicheletti@hotmail.com

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