Se ha hecho evidente hasta para los más incrédulos la ambivalencia de nuestra política petrolera, basada en la visión “causa rosa” sustentada por los directivos del MEM y de PDVSA desde el propio inicio del gobierno, y que desde entonces venimos denunciando (véase en La Razón del 31-01-99 mi artículo “¿Política petrolera de la Causa Rosa?”, basado en citas textuales del libro sobre privatización petrolera de Alí Rodríguez).

Esa política permitió que siguieran operando las trampas que dejó tendidas Giusti antes de volver al seno de la Royal Dutch Shell como comisionado ad hoc en el gabinete petrolero de Bush, las que yo había señalado en artículo en El Nacional tres semanas antes (“Sortear las trampas”). Esas trampas (INTESA, la internacionalización, la apertura, la violación de la cuota OPEP, la evasión fiscal y cambiaria, etc. etc.) han sido mortales para PDVSA, para el Fisco, para el Banco Central y para el pueblo de este país, y fueron detectadas en detalle por los Comisarios en PDVSA Rafael Darío Ramírez –padre del actual Ministro- y Eudomario Carruyo, y por la Contraloría General, amén de tesis doctorales, entre las que destaca la del mexicano Juan Carlos Boué acerca de la internalización, resumida luego en un trabajo publicado en la Revista de Economía y Ciencias Sociales de la Facultad de Economía de la UCV el año pasado. Ante todas esas evidencias, en lugar de cortar por lo sano, las autoridades petroleras dejaron hacer y deshacer a los sucesores de Giusti, autoerigidos en la “meritocracia” autocrática gobernante en PDVSA y en el MEM, que ratificaron proyectos y convenios legados por Caldera y Arrieta. E incluso por propia iniciativa nos metieron en el ALCA petrolero y en la Comisión de Energía de USA, en detrimento de la OLADE y de la OPEP, en búsqueda obsesiva de una alianza de largo plazo con la superpotencia y de la presencia del capital monopolista petrolero extranjero en nuestro país. Hasta apoyaron a Bush en el rechazo al Convenio Climático de Kyoto que busca mitigar las emisiones que envenenan la atmósfera y el hábitat mundial.

Envalentonado por tanta complacencia, los muchachos de Bush se sintieron dueños de PDVSA, y con su bendición desataron el golpe de abril, cuando Chávez designó Presidente a alguien que no les cuadraba, y colocaron en Miraflores al jefe de Venoco, que es una filial de PDVSA en sociedad con los Sosa Rodríguez. Derrotados a la postre, Alí Rodríguez vino a amnistiarlos y a reincorporarlos, encubriéndolos en su labor conspirativa que los llevó a repetir el intento bushista en diciembre, con los desastres que aún no conocemos del todo. Pues bien, mientras somos objeto de esta agresión, el embajador Alvarez es encargado de negociar con Bush la entrega de crudo para su reserva estratégica, o sea, para su máquina de guerra, desplegada hoy en torno a Iraq, y la garantía de petróleo seguro y barato a largo plazo, ¡otra vez!, y los jefes de PDVSA y el MEM viajan, en pleno golpe, a Nueva York y Washington, ¡a negociar con los agresores!, mientras Chávez viaja al sur, a Porto Alegre para afirmar que aplicamos una política petrolera soberana y para buscar el apoyo de los pueblos a tal política. Para llevar al colmo la contradicción, Alvaro Silva Calderón en la OPEP se afana en tranquilizar a las potencias del Norte asegurando que la agresión de Bush a Iraq no desestabilizará el mercado petrolero, porque la OPEP suplirá lo que deje de producir el país agredido. ¿Con quién estamos, en definitiva? ¿con el Imperio del Norte o con los pueblos del Sur? Este es el agudo dilema que se plantea para La Campiña y para Miraflores: ¿cuál es nuestra verdadera política petrolera? ¿la de Alí o la de Chávez?.

En diciembre/enero se hizo evidente que la complacencia de la nueva directiva de PDVSA, que la dejó a merced del enemigo al permitir que la red de CITGO en el exterior y demás filiales prosiguieran su fraude contra el Fisco y el BCV y que Intesa permitiera a la SAIC de USA seguir al frente de todas las operaciones internas a través de su control informático centralizado, pues fue lo que les permitió embargar y detenerlos flujos internos e internacionales tanto físicos, de bienes y servicios, como financieros y administrativos, y dejar a ciegas y en desconcierto total a los “directores”sin brújula ni batuta.

Fue la intervención de la Fuerza Armada tanto en el mar como en tierra firme lo que permitió rescatar el poder y la dirección de las operaciones petroleras para el gobierno venezolano, y parapetear a una directiva temblequeante y carente de autoridad y de firmeza, ducha sólo en las artes de la politiquería ladina y ambivalente, que había convertido la victoria de abril en derrota vergonzante, con su táctica de “realismo geopolítico” betancourista y calderista propicio para la entrega al Imperio agresivo de una parte de nuestros recursos básicos y de su control a fin de conservar “algo” de nuestra soberanía, como si ésta pudiera ser compartida y negociada con quien se pretende el amo del mundo, desde hace ya un siglo.

A esa conclusión llegó Juan Vicente Gómez a raíz de la primera querella del gran capital del Norte sobre nuestros hidrocarburos, el cual, una vez perdida la causa en los tribunales no vaciló en lanzar una sangrienta rebelión armada que asoló todo nuestro territorio, nuestra economía y nuestra población, con el mote de “revolución libertadora”, en la que también salió derrotado, y luego lanzó las flotas imperiales contra nuestros puertos y barcos y la “diplomacia del big stick” de Roosevelt y sus acólitos contra el gobierno de Castro. La capitulación de Gómez ante el joven Imperio que desgarró a Cuba y arrancó el istmo de Panamá a Colombia para construir allí su canal puso a las órdenes del gran capital nuestros recursos del subsuelos y marcó nuestra vergonzosa lacra de semicolonia durante todo un siglo. Pese a la OPEP y a la nacionalización, pese a Betancourt y a Caldera, el gomecismo, metamorfoseado, sigue gobernándonos desde PDVSA , en el marco de la socialdemocracia y de la democracia cristiana.

Nuestra oligarquía mantuana, concentrada en Caracas, siempre fue sumisa a la situación colonial, por derivar de ella sus privilegios como amos de esclavos y de tierras, desde hace ya 500 años. Por eso le resultó muy natural adherirse al realismo gomecista, prestar sus servicios y compartir las migajas de las concesiones petroleras con los gringos. Del Club Paraíso al Country Club, los amos del valle se han mantenido como vasallos de los nuevos colonizadores, “que ya no traen espadas, sino taladros”...y computadoras. Sus descendientes más jóvenes forman las legiones de mayameros que se sienten más cómodos en La Florida que en su país.

Pero lo que nos parece realmente grave es que aquellos que en su juventud fueron militantes radicales del comunismo y del socialismo, se fueran amoldando, con el paso de los años y su ascenso al liderazgo, al fatalismo de nuestra condición de país puertoriqueño y a la invencibilidad del Imperio, con un siglo de intervencionismo grosero en todo el mundo. Para ellos, la soberanía plena es una utopía anacrónica. Han terminado, dentro de su fina astucia, por cultivar habilidades gatopardianas para mantenerse en la cuerda floja del equilibrio entre soberanía y sumisión que nos evite la arremetida brutal y sangrienta del Imperio y nos permita mal que bien alguna influencia en el manejo compartido de nuestros recursos básicos, los hidrocarburos en primer lugar. ¿Es esta visión realista aceptable para nuestro pueblo? ¿Lo es para nuestro gobierno?. He aquí el dilema fundamental de política energética que se nos plantea en este momento. ¿Existe un grado menguado de soberanía limitada que sea aceptable para la nación, sin importar lo que se diga en la Constitución? En otros términos, ¿es negociable la Constitución? Lo cual impone establecer en qué medida los convenios, asociaciones, creación de filiales autónomas o sometidas a poderes externos, cesiones de soberanía de jurisdicción, negociaciones sobre doble tributación o garantías y promesas a empresas inversionistas extranjeras o a tribunales o árbitros extranjeros, celebrados o por celebrarse, constituyen violación de la Constitución, y proceder a las rectificaciones que se requieran.

O por el contrario, aun siendo violatorias de la Constitución, aceptarlas como males inevitables. En cuyo caso la reiterada proclamación de nuestra soberanía se convierte en ejercicio de demagogia intolerable. Nuestra perversa experiencia del último cuarto de siglo es la de la conversión de nuestra principal empresa petrolera en un caballo de Troya que supera y somete al Estado nacional, haciéndose un meta-Estado transnacional aliado del gran capital petrolero mundial y de los Imperios que lo albergan, para lo cual acaban por ganar la complicidad de la clase política gobernante.

Los órganos del Estado teóricamente superiores de PDVSA terminaron siendo colonizados por ésta. Cuando el gobierno de Chávez decidió ejercer la soberanía sobre el petróleo, fue derrocado. Esta vez no hubo “revolución libertadora” sino golpe de Estado petrolero. El inexplicable paso atrás del gobierno y el intento de conciliación con el caballo de Troya resultó en la revuelta de diciembre, cuyo epicentro y protagonista fue la meritocracia exógena de PDVSA, cuyo propósito explícito de derrocar el gobierno fué proclamado por Giusti. Todo ello, mostró que los agentes del capital foráneo y del Imperio tienen como misión no un cierto grado de poder dentro del país y de su sector petróleo-gas, sino todo el poder, la reversión de la nacionalización, la anulación del poder del Estado y la privatización total, lo que, de paso, difundieron internacionalmente en 1997, con la silente anuencia de Caldera.

Los dramáticos acontecimientos del 2002 revelaron para la mayoría de la población y para las fuerzas armadas que el dilema era: colonia o soberanía. Que no hay términos medios, que los intentos de complacer parcialmente la voracidad energética del Imperio para apaciguarlo dan lugar a un crescendo de sumisiones cuya desembocadura es la renuncia al control estatal de los recursos. Es lo que nos enseña igualmente la historia de América Latina, desde Argentina con la creación de la primera empresa estatal petrolera de América Latina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la guerra del Chaco, desatada entre Bolivia y Paraguay por los agentes de Rockefeller, la nacionalización mexicana del Tata Cárdenas y la historia de PEMEX, la de Petrobras con “o petróleo é nosso”, que marcaron la época de oro del desarrollo latinoamericano, hasta la malhadada onda actual de desnacionalización y privatización lanzada por los paquetes de ajuste del FMI y el Consenso de Washington junto con el endeudamiento sin límites, recetas que han hundido la región en sus peores simas morales, políticas y económicas.

Sin soberanía plena petrolera no hay soberanía nacional, es la moraleja. Sin soberanía, los países petroleros se convierten en “repúblicas bananeras”. El gobierno tiene el deber moral ante el pueblo soberano de explicarse sobre esta problemática clave actual, pues son demasiados los signos de que las autoridades petroleras tienen aún la brújula perdida.

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