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El Congreso Petrolero de Maracay, aunque silenciado por
los medios de idiotización masiva y por el oficialismo, está
lejos de pasar “inadvertido”. Ya el
hecho de que se realizara, pese al hostigamiento primero vergonzante
y después obsceno de parte de La Campiña, al que se
plegó a la postre el gabinete, es un triunfo de los de abajo
dentro y fuera del petróleo, de los que defendieron la soberanía
nacional y las instalaciones en ambos golpes de Estado lanzados
por los boys de Giusti-Bush.
En esas jornadas forjaron y se apropiaron de la terrible consigna
“PDVSA es nuestra” y no la han soltado ni la
van a soltar. Allí y en los encuentros sucesivos se ha ido
articulando una alianza cívico-militar de los de abajo, trabajadores,
vecinos y soldados, en multitud de organizaciones locales y regionales,
desbordando las burocracias sindicales y políticas tradicionales
de obediencia vertical, y que confluyeron en el audaz propósito
de celebrar este insólito encuentro nacional desde
abajo y de los de abajo, para –entre otras cosas-
invitar al diálogo a las autoridades petroleras y
políticas y solicitarles cuentas sobre sus actuaciones y
sus planes y propuestas en materia petrolera, energética,
geopolítica, con vistas a generar juntos, los de
abajo y los de arriba, una “nueva PDVSA”
propiedad real del pueblo soberano, y una “nueva política
petrolera” garante de la soberanía nacional,
todo ello como expresión concreta de la democracia
participativa y protagónica pautada en la Constitución
Bolivariana vigente.
Desde que el Bloque Patriótico de Oriente
lanzó la iniciativa, el silencio frío y hostil de
los de La Campiña confirmó las tendencias
allí presentes a devenir en una nueva autocracia
criolla, sustitutiva de la mitocracia agente directa de
la potencia McBushita instalada allí por
Quirós y Giusti, con la anuencia de CAP-Caldera.
Sus respuestas implícitas fueron la ausencia en los
encuentros regionales y el bloqueo de la información sobre
el Congreso en sus redes de comunicación. Cuando
se percataron de que las redes paralelas populares funcionaban y
que el movimiento de los de abajo contaba con la simpatía
y la solidaridad de oficiales de alto rango, y que el congreso de
veras iba, entonces se quitaron la máscara
y optaron por movilizar los más arteros recursos del poder
para frustrarlo, haciéndole una guerra ladina, urdida por
astutos politiqueros de “uña en el rabo”,
que lograron embaucar al gobierno. Pese a todo, fracasaron
y se realizó el milagro del Congreso, que ahora está
aquí, convertido en movimiento constituyente, como inmenso
tejido de organizaciones populares autónomas, con el sector
petrolero como eje.
Lo interesante del Congreso es que puso sobre el tapete la sinceración
de la democracia “participativa y protagónica”,
a diferencia de la representativa obviamente engañosa y demagógica,
en la materia clave para el país: el petróleo, base
de nuestra economía y de nuestra soberanía, y por
ende asunto clave de Estado, de un Estado cuyo poder reside en el
pueblo, de un Estado del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Cómo el pueblo ejerce de veras ese poder en petróleo,
en el trazado de la política petrolera y en la empresa nacional
petrolera es la cuestión clave que el Congreso plantea. En
términos bien sencillos: el pueblo, base social del Estado,
debe participar en la conducción de esa Base de la economía
y la soberanía nacional, al lado de la gerencia de la empresa,
y de la cúpula del Estado, en un consejo superior estatal,
como el estatuido en el art. 251 de la Constitución. El pueblo
debe participar a través de un órgano constituyente,
consultivo y contralor, al cual deben sometérseles las propuestas
de política energética-petrolera, los proyectos de
planes de negocios y las modalidades de negociaciones sobre nuestros
recursos de hidrocarburos, así como los resultados de las
gestiones realizadas. Este órgano tendrá participación
tanto en la directiva de PDVSA como en el consejo superior de Estado.
Podría formarse a partir de juntas locales de energía
y estrategia, autopostuladas –como las juntas de conservación
ambiental establecidas en la Ley del Ambiente- o electas en comicios
municipales, cuyos representantes formarían un comité
nacional permanente. Una asamblea inicial de instalación
de la red de juntas locales dictaría los estatutos para el
funcionamiento del órgano popular establecido y escogería
las autoridades del comité permanente.
Para nuestros demócratas representativos de La Campiña,
resulta inaceptable la creación de este
extraño órgano constituyente petrolero, que ejercería
una presunta soberanía popular en esta materia. Según
el Ministro de Energía y Minas, la política petrolera
y la dirección suprema de PDVSA corresponden exclusivamente
al Presidente y a él mismo. El pueblo no
tiene arte ni parte en estos asuntos claves, demasiado importantes.
Eso queda reservado para los expertos de las cúpulas.
Eso mismo piensa el jefe de PDVSA. Desde su regreso de Viena proclamó
el evangelio betancourista de que “hay que apartar al pueblo
y a los trabajadores del sector de la política petrolera”.
Eso es asunto de gobierno. Punto. ¿Mala lectura
de la constitución? ¿Interpretación autocrática?
¿Dónde queda lo participativo y protagónico
de ella?. Se trata, en todo caso, de la visión más
ortodoxa de la democracia: gobierno a nombre del pueblo,
pero no por ni para el pueblo.
Es la misma que expresa E. Díaz Rangel
cuando critica la aspiración de que nuestra base social controle
nuestra base económica –y política: PDVSA.
Betancourt decía que había que separar el petróleo
de la política, para poder aplicar el fatalismo geopolítico
que nos sometía necesariamente a la gran potencia. Estos
delicadísimos asuntos sólo pueden plantearse en la
intimidad de las cúpulas, bien lejos de las indiscreciones
del populacho, al que le toca hacer coro y aplaudir, no importa
lo que diga la constitución
Otra forma de decir lo mismo es que quien no sea del personal petrolero
es ajeno a la industria, y no tiene que inmiscuirse en sus asuntos
internos. ¿El petróleo pertenece a sus trabajadores,
y sólo a ellos? Ellos son unos 20 mil, frente a unos 10 millones
de la fuerza de trabajo. O sea, el 2 por mil. ¿Encarnan
ellos solos la conciencia o la vanguardia o la propiedad de la sociedad
venezolana sobre su petróleo? ¿La encarnan sus dirigencias
sindicales o sus “representantes” en el directorio de
PDVSA? Las pretensiones de exclusividad los exponen al
ridículo, como exponentes anacrónicos de la
“aristocracia obrera”.
Tales deformaciones degradan y niegan la democracia participativa,
haciendo de ella una farsa, como en la tragicomedia de California,
víctima de la megaestafa de la petrolera Enron y ahora en
manos de un payaso de Hollywood, una y otro de la dinastía
McBushita.
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