Este lunes 1º de marzo de 2010 una noticia ha sacudido al gobierno nacional. Ha sido dado a conocer internacionalmente que el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, está reclamando información al gobierno de Hugo Chávez sobre “indicios” de la cooperación de las autoridades venezolanas para que ETA y las FARC pudieran establecer una alianza.

Sin lugar a dudas es esta la más grave situación que deberá enfrentar en 11 años en el poder el gobierno nacional por sus vínculos con grupos terroristas internacionales. No tiene punto de comparación con los informes del Senado estadounidense sobre el particular o las acusaciones que en el pasado han sido esgrimidas desde diversas fuentes en Colombia.

Dos son las razones para que sean distintas en esta oportunidad. a) Hay un procedimiento de investigación judicial del caso y este se desarrolla en un país donde la autonomía e independencia del Poder Judicial son creíbles. b) Los datos que aparecen hasta ahora referidos al hecho aparecen como una concatenación de elementos claramente vinculados a la cooperación que han brindado funcionarios del Estado venezolano para que estos se den.

Pero hay más, este caso es indisoluble de las aportaciones que ya en su oportunidad señaló el Informe de la Comisión de Transparencia y Verdad de Ecuador de hace meses, en donde aparecen evidencias de haberse realizado entrenamiento por parte de las FARC en la sede del Fuerte Tiuna en Caracas. Y en donde aparece además la colaboración entre miembros de las FARC y de ETA propiciada por el financiamiento que el Gobierno Nacional realiza a la Coordinadora Continental Bolivariana.

Por lo pronto y volviendo al caso que se lleva ante la Audiencia Nacional de España, aparecen en la lectura del auto de procesamiento del juzgado de instrucción número 8 de la Audiencia Nacional, 4 elementos que ameritan una investigación judicial por parte del Ministerio Público y el sistema de justicia penal venezolanos: 1.- La existencia de campamentos de las FARC instalados en territorio de Venezuela. 2.- La existencia de funcionarios del Estado venezolano vinculados a las labores de terrorismo de las FARC y de la ETA. 3.- El entrenamiento de grupos terroristas en territorio venezolano. 4.- La fabricación de sistemas de armas por parte de grupos terroristas en territorio venezolano.

En mayo se verificará en Madrid la Cumbre Unión Europea-América Latina. Dos meses tiene el Estado venezolano para: a.- acreditar internacionalmente la voluntad de iniciar una investigación en territorio nacional que permita determinar responsabilidades penales de los hechos vinculados al terrorismo internacional. b.- Resolver la extradición del etarra Arturo Cubillas a España solicitada en este caso por la autoridad judicial española al gobierno de Venezuela. c.- Cooperar con la investigación judicial que se adelanta en España.

Ya basta de seguir actuando como si nada grave ocurriera con Chávez y su relación con las FARC y la ETA en Venezuela. Lo mínimo, en caso de no darse los supuestos descritos, debe ser un boicot a su presencia en la cumbre.

[*] E-mail: rociosm@cantv.net

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