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Caracas / Venezuela -
 


Plan Bicentenario de Seguridad:
La ofensiva final contra los trabajadores
Pablo Hernández Parra* / Soberania.org - 16/03/10


Tres noticias aparecidas el mismo día en diversos medios impresos del estado Lara, ponen al descubierto el acelerado fin de las ilusiones democráticas en Venezuela y del supuesto poder de la soberanía del pueblo a través de las elecciones.

La primera noticia da cuenta del establecimiento de hecho y de derecho de un gobierno paralelo en el estado Lara, encabezado por Luis Jonás Reyes y el Gral. Bohórquez, amparados en la nueva Ley de Consejo Federal de Gobierno y el Plan Bicentenario de Seguridad, tal como viene ocurriendo en el Distrito capital y el estado Táchira.

En este contexto, el gobierno central devela su
carácter  militarista y arbitrario, nombrando autoridades paralelas en las regiones,  colocándolas   por encima del llamado mandato y soberanía popular que eligió a los gobernadores en cada una de las regiones; a esto se le suma  la destitución arbitraria del alcalde de Caja Seca en Zulia y las inhabilitaciones políticas a diestra y siniestra. Hoy en el país el voto carece de validez, así lo deben estar sintiendo los gobernadores de Lara, Táchira, Miranda,  y muchos alcaldes, aunque no se atrevan a admitirlo y menos a denunciarlo. El operativo nacional militar-policíaco denominado Plan Bicentenario de Seguridad es el preámbulo que  marca la carta de defunción de la llamada democracia en Venezuela.

La segunda noticia es  que “ningún fin de semana de 2010 había sido tan violento -en el estado Lara- como el primero del mes de marzo. Irónicamente, también el primero en el cual los funcionarios se desplegaban en el marco del dispositivo de seguridad Bicentenario”. Empero, ese mismo día el General Bohórquez y el Gral.  Romero Figueroa, viceministro de seguridad, elogiaban  la efectividad del plan que comandan anunciando un 27%  de reducción en los índices delictivos. Estos asesinatos no merecieron el menor comentario por parte de los jefes militares, salvo la consabida muletilla de que algunos de los fallecidos eran fruto de los “enfrentamientos entre bandas”.


Más de 16.000 asesinatos y decenas de secuestros en Venezuela en 2009 es una cifra que nada les dice a estos señores. Ni siquiera porque las cifras de homicidios en los dos primeros meses de este año están superando holgadamente las del año anterior, y no solo en Lara sino en varias regiones del país. El verdadero poder lo ejerce  quien posee las armas, así lo ha hecho saber públicamente el Gral. Bohórquez, quien no se cansa de recordárselo no sólo al gobernador Henri Falcón, sino también al Director de Seguridad y al Comandante de la policía regional: "No hables del dispositivo (plan Bicentenario) porque sino arremeto contra ti"; así se expresaba el Gral. Bohórquez como nuevo gobernador "de hecho" del estado Lara.

La tercera noticia es el reconocimiento, una vez más, por parte del ejecutivo nacional de la creciente participación de los funcionarios policiales, incluida la Guardia Nacional Bolivariana, en los más graves delitos como homicidios,  torturas, extorsión y secuestro.

Una nueva prueba de la existencia en Venezuela de un macabro circulo de
la violencia policial, de la impunidad, la inseguridad y el crimen, la dio el Ministro de Interior y Justicia cuando por enésima vez, denuncia la participación de policías en  hechos irregulares y delictivos, anunciando -esta vez sí- “medidas ejemplarizantes”. La razón de esta declaración fueron los hechos ocurridos en ese fin de semana. La prensa nacional reseñó que entre el jueves 4 y sábado 6 de marzo el CICPC, desmanteló en menos de 48 horas dos bandas de secuestradores en Caracas, integradas principalmente por funcionarios de la Policía Metropolitana; entre los secuestrados estuvo la secretaria del Ministro de Planificación y  Finanzas.

En este sonado caso de los policías secuestradores, tres de ellos desertaron y  resultó que una de las bandas usaba la propia Comisaría Policial como sitio de retención y cautiverio. Esto ya lo había  confirmado el CICPC en casos anteriores, cuando en el famoso caso de la banda de los “Comisarios” se comprobó que desde las comisarias de la Policía Metropolitana se habían detectado innumerables llamadas exigiendo el pago de rescate a familiares de secuestrados.

Como si esto fuera poco, hay que agregar  que en el caso del secuestro de la secretaria del ministro, el CICPC capturó  al agente policial Yorber Abraham Rondón pretendiendo cobrar el rescate; éste fue puesto a la orden del Juzgado 34 de Control del Área Metropolitana y aunque este funcionario fue capturado en flagrancia, el Tribunal  le otorgó de inmediato la  libertad plena. Cualquier parecido con el caso ocurrido aquí en Lara con el
supuesto sicario asesino de Mijaíl Martínez, puesto en libertad por la Juez Zicarelli tan pronto pisó el juzgado, no es coincidencia. Es la demostración del manual de impunidad implementado en contubernio entre todas las policías y las instituciones de administrar justicia en este país.

De tal manera que el circulo vicioso de la Impunidad forjado a partir del crimen entre delincuentes-policías y jueces y fiscales queda una vez más evidenciado, demostrándose lo que las diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente: La  más poderosa banda delictiva de Venezuela está integrada por funcionarios policiales de diversos cuerpos,  rangos y jerarquías. Según declaraciones del propio Ministro del Interior, entre el   20 y el  30 % del total de  funcionarios policiales están incursos en hechos punibles. Esto  significa que el Estado Venezolano tiene a su servicio unos 30 a 40 mil delincuentes amparados por los mandos respectivos y protegidos por los Tribunales y Fiscales del país.

Según  declaraciones de Marino Alvarado, Director General de PROVEA, el Consejo Nacional de Policías reconoció que los funcionarios policiales aportan el 25 % de los delitos que se cometen en Venezuela. Y si por cada policía delincuente existen de 3 a 4 funcionarios que los protegen o encubren -como refieren estudios de la Fiscalía General, análisis de Ultimas Noticias y como se demostrara en la matanza del barrio Kennedy, en la que fueron imputados más de 50 policías-, no es alarmista, ni exagerado concluir que la principal banda de delincuentes que opera en el país “implicados en los más graves delitos, como homicidios, secuestros, torturas, extorsión, amedrentamiento", como lo reconoció en Ministro del interior, son precisamente esas instituciones principales del Estado venezolano.

La impunidad judicial con que gozan estos funcionarios delincuentes es tal que el ex juez J. Ollarves declaró: “La impunidad hoy por hoy tiene que ser entendida como una política de Estado, así está concebida, diseñada y matizada. Este es un gobierno militarista, autocrático, corrupto, ineficaz, populista, centralista y expansionista y esas siete características propenden a la falta de castigo y a la impunidad en materia de derechos humanos” (Dr. Jesús Ollarves en el Foro “Descentralización y Seguridad Ciudadana”).Todo esto lo han denunciado a lo largo de varios años diversos organismos de derechos humanos de Venezuela que han dejado asentado en sus documentos que  la impunidad y la inseguridad son una política del Estado venezolano PARA EL MEJOR CONTROL SOCIAL DE LA POBLACION.

El Plan Bicentenario recientemente desplegado en varias regiones del país, no tiene nada que ver con el supuesto combate a la delincuencia, sino que se inscribe dentro de esa política de control social a través del fomento de la inseguridad y la violencia. Este plan es la respuesta policíaco-militar de este gobierno anticipándose a las
crecientes protestas y estallidos sociales que inevitablemente está generando la creciente crisis económico-social. Se despliega el  aparato policíaco-militar para enfrentar en primer lugar la consecuente protesta de los trabajadores por sus justas reivindicaciones y libertades; y en segundo lugar, minimizar e impedir las decididas protestas de las comunidades y trabajadores que ya no soportan ver cómo cada día se les restringen los pocos servicios con los cuentan para subsistir, y cómo los derechos y libertades democráticos conquistados a costa de sangre y sudor son simplemente cercenados, violados y desconocidos por el gobierno de turno.

El acelerado deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo en general, causado por la inseguridad,
devaluación, aumento de la inflación y el desempleo, deterioro o ausencia de los elementales servicios de agua, electricidad, salud, la falta de viviendas, el aumento de impuestos y de tarifas de los servicios, entre el cúmulo de carencias padecidas por la inmensa mayoría de la población, ha incrementado e incrementará las protestas. Ante esta realidad un gobierno endeudado y sin dinero -¿para qué seguir  jugando al circo?- se ha quitado definitivamente la careta y se ha presentado tal cual es: anti obrero, militarista,  represivo, policíaco y sobre todo mentiroso, y que cada día observa como una masa creciente de seguidores lo abandonan.

Ante estos escenarios, el arma a la que recurre  todo gobierno del capital es la
violencia y la represión. Los obreros el pasado viernes 12 de marzo en Maracay cuando intentaban realizar una marcha en protesta precisamente por la impunidad ante el crimen de tres dirigentes obreros de la zona, sintieron el verdadero fin del Plan Bicentenario de Seguridad: 28 detenidos, "gas del bueno" y golpes es la única respuesta de este gobierno a las reivindicaciones y reclamos de los trabajadores.

El Plan Bicentenario no culminará en diciembre como lo han anunciado,  la militarización del territorio nacional será permanente, inaugurándose una nueva época en la dominación del país. De nada valdrán  los intentos conjuntos del gobierno por presentarse como una opción “socialista y revolucionaria”, ni de  la oposición por erigirse en adalid de una “democracia representativa”. Recordemos que
la llamada oposición democrática  ha contribuido como nadie a  implantar en el modelo político venezolano su legítimo engendro: El gobierno del partido militar y su eterno acompañante el lumpen burgués y proletario.

El  propio presidente de la república se ha encargado en persona de recordarle a la burguesía que el capitalismo en la época del dominio del capital financiero, es incompatible con la democracia y que los militares  y policías como soporte del sistema, están cumpliendo  exactamente con el papel para el cual fueron educados, entrenados y por el que reciben un salario y se apropian de una buena parte de la renta: Garantizar la paz y seguridad a los negocios del capital, restablecer la caída de la tasa de ganancia y en el  caso de Venezuela
asegurar la entrega al capital internacional de nuestros recursos naturales, vía empresas mixtas y endeudamiento creciente.

Estos hechos  demuestran claramente que las famosas elecciones y el ejercicio de la soberanía popular a través del voto y sus representantes han fallecido bajo la bota militar y  que  el ilusorio reino de la Constitución y de la autonomía de los poderes,  han sido enviadas al museo de la historia por este gobierno del sable y el fusil.

Es con base a estas realidades, padecidas por el pueblo y trabajadores de Venezuela y ampliamente reflejadas en  la prensa nacional, que les preguntamos a los defensores de la política del avestruz, que como vulgares  demagogos y estafadores políticos están conduciendo a los trabajadores al matadero electoral:

• ¿Quién les garantiza que una vez que sean electos diputados, algún  tribunal, contralor o el mismo presidente no los destituyan dando al traste con el supuesto “mandato popular”, como ya lo han hecho con líderes de las propias filas del gobierno?

• ¿Qué garantía de derechos y libertades pueden existir bajo un gobierno no sometido a ley alguna y ampliamente
protegido y apoyado por el capital petrolero transnacional y la banca nacional e internacional, que han visto en este período crecer sus ganancias e ingresos como jamás había ocurrido en la historia de Venezuela?

• ¿Es que Uds. creen sinceramente que el armamentismos del gobierno, sus llamados a la violencia, la preparación militar de sus seguidores es para entregar el gobierno y respetar unas leyes y constitución, que hace mucho tiempo este gobierno mandó al basurero de la historia?

Que ningún trabajador se engañe, ni se deje engañar, con el doble discurso “antiimperialista” y seudo socialista de los militares bolivarianos y de los “revolucionarios” tarifados por el Estado, pero tampoco por los cantos de sirenas de la oposición sobre una supuesta defensa de la democracia y de las libertades. No olvidemos jamás que los mantuanos embarcaron a indios, negros y pardos bajo el lema de la libertad y de la independencia, para que a costa de la sangre de estos, aquéllos se erigieran en los nuevos amos del poder en Venezuela.

La liberación, democracia y libertades para la mayoría trabajadora solo pueden ser obra de los trabajadores mismos, pero para ello no basta solo tener la razón, la conciencia y la decisión de conquistarla, es necesario tener el poder y la organización para garantizarlas tal como nos lo demuestra a diario no solo el delincuente que nos asalta y asesina, sino el más simple policía, guardia y militar que nos asalta y extorsiona bajo el amparo de la impunidad judicial, escudado en la supuesta autoridad concedida, amenazándonos con la detención arbitraria, pero sobre todo por el poder representado en el arma que lleva en la cintura.

 

 

[*] Pablo Hernández Parra / E-mail: phparra@yahoo.es

 

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