El malentendido entre el gobierno venezolano y el Banco Central a propósito de la propuesta del incremento de crédito para pequeños productores y empresarios no se justifica, como tampoco el alboroto armado al respecto por los medios. Ello es signo de nuestro bajo nivel institucional, así como de la improvisación y la falta de coordinación reinantes entre nuestras autoridades.

Se trata a mi juicio de una tempestad en un vaso de agua, desatada entre otras cosas por una infeliz presentación de la propuesta por parte del Presidente, que la hacía aparecer como una solicitud de un millardo de $ de las reservas internacionales para el Fisco Nacional. Para agravar la confusión, ni la interpretación ni la respuesta del Banco Central han sido del todo adecuadas, a mi juicio.

El problema central que está planteado es el requerimiento de incrementar sustancialmente los montos de financiamiento del crédito para los pequeños y medianos empresarios de la ciudad y del campo, es decir, los industriales al lado de los agropecuarios -y no sólo de estos últimos-, de abaratar ese crédito y de facilitar los mecanismos de obtención. Esa necesidad se hizo vigente y urgente desde el inicio de los años 30 del siglo pasado, cuando se precipitó la gran depresión mundial, y de ese reconocimiento surgieron los primeros organismos bancarios estatales de desarrollo (Banco Agrícola y Pecuario, Banco Obrero, Banco Industrial), amén del Ministerio de Agricultura y Cría, así como los organismos de regulación cambiaria. En buena medida la aparición de Banco Central de Venezuela es la coronación de este proceso vital de intervención del Estado como palanca clave del desarrollo de la economía nacional, y no meramente como autoridad monetaria, financiera y cambiaria. La fijación de las tasas de interés para combatir la usura y abaratar el crédito productivo y el apoyo a las instituciones de desarrollo preexistentes eran metas claves tan importantes como la política de cambios diferenciales a favor de nuestros rubros agrícolas de exportación, y se estableció en leyes como la del Banco Industrial, por ejemplo. Más tarde, la creación sucesiva de organismos de desarrollo como la Corporación Venezolana de Fomento, Corpoindustria, el Fondo de Crédito Industrial, el ICAP y otros fondos agropecuarios e hipotecarios han sido testimonios de la necesidad de reforzar esta política de industrialización y de mejoramiento económico y social del campo junto con mayor autoabastecimiento y seguridad alimentaria.

Esta red de organismos estatales de financiamiento de actividades productivas es también, por cierto, un desmentido a la afirmación según la cual "el Banco Central, como las instituciones bancarias, está limitado legalmente a conceder sólo financiamiento a corto plazo". Esta aseveración sorprendente acerca del alcance del mecanismo de redescuento en manos del BCV puede entenderse como la persistencia de la autolimitación que le impuso su Directorio desde los años ochenta, al privarse de fijar las tasas de interés, cuando fue barrido por la oleada neoliberal procedente del Fondo Monetario Internacional, y fue tomado por representantes de la banca privada, que adoptaron como credo el Consenso de Washington.

La aplicación de esta política de liberación de las tasas de interés y de apertura a la banca privada extranjera llegó al clímax del absurdo cuando el BCV elevó su tasa de redescuento al 60%, como secuela del retroceso en la OPEP a fines de 1997 logrado allí por Arrieta y Giusti, ministro de energía y minas y presidente de PDVSA, con la iniciativa de eliminar la regulación de la oferta petrolera por la OPEP, y el colapso de precios que provocó el aumento de producción decidido. Fue una década larga de política neoliberal y desnacionalizadora, con efectos contractivos en el desenvolvimiento productivo del país.

En 1999, desde Corpoindustria, propusimos un programa de ampliación substancial y abaratamiento del crédito para la pequeña y mediana industria, con búsqueda de apoyo en el Ministerio de Industria, en el Banco Industrial y FONCREI, y del respaldo del prestamista de última instancia, el Banco Central. Esa propuesta, boicoteada vergonzantemente por el sector gubernamental, fracasó. Su paradójico resultado fue la eliminación del Ministerio de Industria y de Corpoindustria., así como del ICAP y demás fondos de apoyo agrícola. La penuria de crédito resultante para estos sectores económicos es la consecuencia previsible de aquel disparate. Es lo que aparentemente se trata de corregir ahora, de manera imperfecta, parcial e improvisada.

El Banco Central puede y debe recuperar su calidad de organismo supremo de desarrollo.

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