La paridad cambiaria de una moneda mide directamente su poder adquisitivo frente a la divisa correspondiente, e indirectamente, su capacidad de importación de los bienes fabricados en otros países. Esta importación   se traduce en empleo de recursos para los países exportadores, y en satisfacción de necesidades de los importadores. Hablamos de exportaciones que no necesariamente se refieren a excedentes productivos domésticos, sino de aquellos bienes cuya producción está dirigida en buena parte a las exportaciones con miras a la dotación de reservas internacionales, reservas que, en estricta relación lineal y proporcional, respaldarían la moneda local, los servicios de la Deuda Pública y las importaciones de otros bienes.

En Venezuela, las reservas internacionales (RI) fundamentalmente proceden  de recursos no renovables, lo que ha liberado al país durante los últimos 60 años de muchos procesos industriales sustitutivos de las variadas importaciones que esas RI respaldan holgadamente, a pesar de los oscuros manejos administrativos de una empresa petrolera que ha fungido de Estado paralelo e independiente.

La industria petrolera nacional (Pdvsa) aporta el grueso de dichas reservas, y el Banco Central de Venezuela se encarga de su custodia. Es así cómo los dólares   representan nuestra divisa fundamental y su distribución en:

1.- Disponibilidades a la vista en bolívares para inversiones, renovaciones y ampliaciones de dicha industria, y

2.- Cuantía monetaria del Erario Público a la vista del Fisco Nacional para gastos contemplados en el Presupuesto, servicio de Deuda pública y superávit correspondientes.

Como quiera que el segundo componente está normado inelástica y constitucionalmente, la cuantía de las Reservas Internacionales, en cuanto al primer componente, puede perfecta y transitoriamente crecer en exceso respecto de las reales necesidades comerciales nacionales e internacionales del país.

El ministro actual de Planificación así lo ha planteado, sólo que  en vez de solicitarle a la Asamblea Nacional una reforma inmediata a la Ley de Hidrocarburos para modificar la cuantía del impuesto al petróleo, así como la del  BCV, optó por la imprudente recomendación de solicitarle a éste la liberación de parte de esos excedentes transitorios, conocidos como "el millardito", y, peor aún, apoyó la devaluación de nuestro signo monetario en flagrante contradicción con la repotenciación real de unas reservas internacionales que él mismo calificó como  excedentarias.

Con esta reforma de esas leyes se elucidaría la actual irregularidad anticonstitucionalidad de esas funciones públicas asumidas por Pdvsa para contribuir al gasto público, con presupuesto autónomo, en razón del déficit que confronta el Ejecutivo nacional, y que le sirve de base al Ejecutivo para solicitar el mencionado "millardito".

Este es el caso: Si mejora la participación del Estado en los ingresos de Pdvsa, por concepto de impuestos y regalías, mediante una reforma legal ad hoc, entonces cualquier déficit presupuestario actual podría ser superado, además de que contrarrestaría la dependencia de los vaivenes del precio de nuestra cesta petrolera.

Con la superación de ese déficit, Pdvsa dejaría de ser un ejecutor directo de los ingresos petroleros en materia de servicios públicos de estricta competencia del Ejecutivo nacional, estadal y municipal. Dejaría de ser aquel estado paralelo que fue Pdvsa durante el Puntofijismo.

Por otra parte, con la reforma de la Ley de Hidrocarburos con miras al incremento de la participación estatal,  así como la del Banco Central de Venezuela,  su disponibilidad monetaria actual deja de ser inorgánico, ya que dispondría de mayor cantidad de dólares libres para respaldar a nuestro signo, y este, consecuencialmente, resultaría inevitablemente revalorizado.

Digamos que la devaluación dejaría de ser una amenaza permanente, el Estado dispondría de mayores recursos, la inflación se alejaría, y armado con más dólares se reducirían  nuestras necesidades de empréstitos ante entidades extranjeras.


* Economista - marmac@cantv.net

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