La empresa Informática, Negocios y Tecnología (Intesa), constituida en 1997 para operar tecnologías de la información en PDVSA, recibió un mandato de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que reinstale todos los sistemas informáticos que existían antes de la suspensión de los servicios que prestaba hasta el 2 de diciembre de 2002, así como para que entregue los equipos, manuales, documentos, planes, planos, diagramas claves, estudios, archivos y programas de PDVSA que tiene en su poder o a los que tenía acceso antes del paro de actividades al que se sumó PDVSA.

Con anterioridad al 2 de diciembre, ya el gobierno había manifestado su intención de terminar la relación que PDVSA mantenía con SAIC, de Estados Unidos, en Intesa, pero no se ajustó al contrato que establecía que si no se llegaba a un acuerdo entre las partes para valorar la participación de SAIC en la compañía, el caso debía ser llevado al arbitraje internacional. No obstante, el gobierno se negó.

A partir de entonces se inició una disputa cuya consecuencia más reciente fue la decisión de SAIC de solicitar la ejecución del seguro de inversiones norteamericanas para que reconociera los daños ocasionados por la expropiación del gobierno venezolano. PDVSA presionó y en la práctica llevó a Intesa a la quiebra, al no pagarle cuentas pendientes, por lo cual Intesa no pudo cancelar a sus proveedores. Paralelamente, PDVSA negoció con los proveedores para que le trabajaran directamente a ella.

La decisión de la Sala Constitucional del TSJ no considera que el desmantelamiento de Intesa se debió a que la nueva PDVSA, en su intento por reanudar el sistema informático, colocó al frente de esa responsabilidad a personal no calificado, al tiempo que algunos oportunistas vendían en las calles los equipos de Intesa a precios irrisorios.

Sin embargo, la decisión del máximo tribunal venezolano tomó en cuenta que Intesa es propiedad de PDV-IFT conjuntamente con SAIC Bermuda y ésta, a su vez, de SAIC Corporation, constituida de acuerdo a las leyes del estado de California, por lo cual deja abierta la posibilidad de que el caso sea ventilado en los tribunales norteamericanos.

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